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Los argumentos de la Comunidad de Madrid para defender un gran pacto por la vivienda

Artículo escrito por David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid

La situación que estamos viviendo como consecuencia de esta devastadora pandemia, ha servido para que la sociedad sea aún más consciente del valor de la vivienda, un bien que ha demostrado ser mucho más que un recurso habitacional, convirtiéndose en un núcleo de protección   insustituible.

Siendo conscientes de ese gran valor, entenderemos mejor la situación que sufren quienes carecen de una vivienda, que ahora han sufrido también la ausencia de ese refugio que está arropando a tantas familias confinadas.

Las perspectivas económicas no son buenas. A los daños que la propia pandemia hubiera ocasionado por sí misma, hay que añadir la gestión del actual Gobierno, que sin duda amplificará esta crisis. Como ya ocurrió hace 12 años.

Lamentablemente, todo indica que estas duras perspectivas se traducirán en más paro, más pobreza y más sufrimiento para millones de familias. Como ya pasó en 2008. Y la vivienda será uno de los ámbitos más afectados.

Por eso, porque los Gobiernos deben ser capaces de adelantarse a los escenarios previsibles, desde la Comunidad de Madrid y con la iniciativa del sector inmobiliario, hemos decidido impulsar un gran pacto por la vivienda que permita proteger un derecho reconocido en nuestra Constitución si no queremos que quede reducido a una mera fórmula retórica. Y por eso la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz

Ayuso, ha trasladado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de escuchar al sector y adelantar las medidas necesarias para el futuro de la vivienda.

Afortunadamente contamos con un sector inmobiliario muy unido y comprometido socialmente, consciente de los retos que nos esperan. Y sabiendo que debemos encararlos desde la colaboración público-privada, cuyo fortalecimiento formará parte de los objetivos de este pacto.

Otros aspectos esenciales en este pacto serán la fiscalidad, tanto para la compra como para el alquiler, el impulso a la economía social y la protección a los cooperativistas que puedan verse afectados, la apuesta por la regeneración urbana, los nuevos modelos de construcción y habitabilidad, la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad, el aumento de la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, la financiación estable y suficiente, la flexibilidad y agilización administrativa y la reducción de la burocracia.

Tal como apunta el Colegio de Arquitectos de Madrid, tenemos la oportunidad de transformar el sector inmobiliario para prepararlo ante el gran desafío inminente, y debemos hacerlo desde el realismo, el consenso y el compromiso social. Pero también, en mi opinión, desde una revisión de todos los elementos y procesos desde la perspectiva liberalizadora que elimine tantos obstáculos como actualmente lastran la política de vivienda. Bastantes obstáculos surgirán ya como para que pongamos más desde los poderes públicos.

Así es como vamos a trabajar por la vivienda presente y futura. Una vivienda que cobrará cada vez más valor en nuestra sociedad, como baluarte de un mundo que cambia y no siempre a mejor, y que no sabemos qué nuevas amenazas deparan a unas sociedades necesitadas de seguridad y estabilidad. Justo lo que los hogares pueden y deben aportar a todos los ciudadanos.

Fuente: David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid